En su audición de este martes por AM 77º Radio Oriental, el Senador Guido Manini Ríos comenzó refiriéndose al fallo judicial del pedido de Amparo presentada por una familia que ocupaba un terreno privado en el llamado asentamiento Nuevo comienzo, y dijo al respecto:
“La justicia le ordenó al MVOT a que le concediera a esa familia una vivienda en un plazo máximo de veinticuatro horas. Unos días después se conocieron unos fallos más, por lo que se obligó al Ministerio referido la entrega de tres viviendas. Quiero dejar bien claro que en estos tiempos tan duros, excepcionales de la pandemia, es conveniente suspender todo tipo de desalojo, no dejar ninguna familia carenciada en la calle cuando no se le da ninguna opción. Suspender las acciones judiciales hasta que pase esta pandemia. Estamos trabajando en un proyecto de ley que va a establecer un límite de noventa días, posterior al fin de la emergencia sanitaria para retomar aquellos desalojos que correspondan por ley en defensa del Derecho de Propiedad”. Y explicó:
“El MVOT es la repartición del Estado que tiene como misión desarrollar las políticas de vivienda para atender las necesidades habitacionales de los diferentes sectores de la población. Privilegiando siempre el acceso a la vivienda de los colectivos de menores ingresos. Para cumplir con esta misión, el ministerio tiene establecido sus protocolos y procedimientos a seguir, con la finalidad que además de dar esa solución habitacional que es fundamental, asegurarse de que esta sea una solución que perdure en el tiempo. Que se permita crear lo que se llama comunidad, es decir las condiciones para que las familias desarrollen una vida normal con la asistencia necesaria en tantos aspectos en los cuales sienten o tienen serias y notorias carencias”.
“El MVOT no tiene una bolsa de casas disponible, sino que va casa a casa, lo que va quedando libre por cualquier razón, la van refaccionando y entregando a quienes tienen en una larga lista y van cumpliendo con esos protocolos y procedimientos de los que hablamos. Para cumplir ese fallo del 6 de abril, debió cancelar la entrega prevista para una familia que había cumplido con todos los procedimientos en un proceso que duró varios meses. Esa familia se quedó sin acceder a la vivienda, tal vez teniendo las mismas necesidades que la beneficiaria del fallo de la justicia y con toda seguridad tenia los mismos derechos que la familia que reclamó”. Reflexionó además:
“Con fallos como éstos, vemos con preocupación una nueva forma de interferir en las funciones que nuestra Constitución le asigna a los distintos Poderes del Estado. Es claro que si la justicia ordena entregar en veinticuatro horas una casa a tal familia, está interfiriendo con lo que tiene planificada la repartición del Estado a cargo de eso”.
“No queremos atribuir intencionalidades desestabilizadoras en este fallo. Pero claramente se van a desestabilizar las instituciones del Estado si se sigue produciendo este tipo de fallo, que afecta las políticas previstas por quienes fueron elegidos por la ciudadanía para implementar esas políticas en beneficio de toda la sociedad. El Poder Judicial o los Magistrados actuantes para ser más preciso, está asumiendo funciones que le competen al gobierno en políticas de vivienda”. Para terminar expresó: “Siempre habrá dictámenes de organismos internacionales o de juristas extranjeros que fundamenten cualquier tipo de exigencia. Una cosa es que exista el Derecho Constitucional, otra cosa es que un Magistrado se arrogue el derecho de cogobernar, marcando prioridades a los que fueron elegidos para desarrollar políticas que garanticen ese derecho. Y menos todavía como en este caso de Nuevo Comienzo, amparando a quienes reclaman a partir de la comisión, presunto delito de usurpación, que es lo que está tratando la justicia en una causa que se inició el año pasado. Pensamos que el sistema político no puede aceptar calladamente este tipo de interferencias. Por el contrario creemos que todo el sistema político tiene la obligación de hacer cumplir estrictamente nuestra Constitución y nuestro marco jurídico, porque ello significa la voluntad del pueblo uruguayo. Y asegurarle de esa forma, a las instituciones del Estado, que puedan cumplir con las funciones para las que fueron creadas”.
