En la audición de este viernes por AM 970 Radio Universal, el Senador Guillermo Domenech se refirió a un informe del Comité de DDHH de Naciones Unidas, y a la visita de un supuesto experto de nacionalidad chilena integrante de ese Comité y dijo:
“A instancias de Serpaj se requirió a los integrantes de la Comisión, la realización de una sesión especial. No pudimos prepararnos para analizar el documento, rotulado Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Uruguay. Quiero señalar que reivindico la independencia de la República Oriental del Uruguay, y la vigencia de los principios artiguistas que exigen el respeto por la soberanía particular de los pueblos, y no me parece correcto que se pretenda someter a los compatriotas a los dictámenes de oscuras burocracias internacionales cuya legitimidad desconocemos. Órganos integrados por personas a las que no conocemos y que no hemos votado, como votamos a las autoridades de nuestro país con sufragio universal y voto secreto”. Y continuó: “Me causó particular malestar varias de las afirmaciones que se realizan en el citado documento, y muy al pasar les diría que se exige al Uruguay por ejemplo, se avance en la investigación las restantes de todas alegaciones de violaciones de DDHH perpetrados en el período 1968 a 1985, se progrese en la búsqueda de personas desaparecidas o asesinadas y la identificación de restos humanos, y se lleve a los responsables ante la justicia imponiendo las sanciones apropiadas. En Uruguay se dicta una ley que establece como período de terrorismo de estado de 1968 1985. Pero sabemos bien que en 1968 había un régimen constitucional incuestionablemente democrático, surgido de las urnas”. Y agregó:
“Esta ley es realmente una verdadera afrenta a la democracia uruguaya. Además se nos exhorta a buscar a las personas desaparecidas o asesinadas, y estamos de acuerdo, porque es un derecho natural e innegable de los deudos. Pero no podemos admitir que se nos venga a imponer las conductas que debemos llevar frente a hechos presuntamente ilícitos. Y que se pretenda ignorar, que en Uruguay hubo una guerra. Así lo declaró el parlamento democrático en 1972, y además en nuestro país hubo víctimas inocentes de terrorismo, protagonizado por una guerrilla financiada desde el exterior del país, respondiendo a móviles ideológicos absolutamente reñidos con los más elementales principios democráticos”. Y expresó:
“En ese documento, el citado comité, con atribuciones que consideramos no se atienen a las normas legales y constitucionales, manifiesta su preocupación por la existencia de información sobre un aumento de juicios penales, amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas, y las nuevas modificaciones de la LUC, la cual contiene definiciones imprecisas y demasiado amplias que aumentan la discrecionalidad de la autoridad policial en el uso de la fuerza para limitar las reuniones o manifestaciones. Me pregunto si este comité y este mensajero, saben que esa ley fue aprobada por un parlamento de inobjetable calidad democrática, y aprobada por la mayoría de nuestros ciudadanos”. Para finalizar enfatizó:
“Rechazamos las exhortaciones de este procónsul del imperio y también rechazamos ese documento con imposiciones absolutamente dogmáticas, por inconveniente, inoportuno y por ser una afrenta a la dignidad nacional”.
