Audiciones

“La investigación de violaciones a los Derechos Humanos es monopolio del Poder Judicial”

En su audición de este viernes por AM 970 Radio universal el Senador Guillermo Domenech se refirió a la postura del Partido respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y dijo:

“Cabildo Abierto es un firme defensor de los Derechos Humanos, pero la defensa de los Derechos Humanos no debe significar una careta, una pantalla, para defender determinadas posiciones políticas en desmedro de otras”. Y continuó:”Por eso nos hemos opuesto en reiteradas oportunidades, ya sea en Comisión como en  el Plenario del Senado, a la aprobación del presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya existencia desde punto de vista jurídico, a nuestro juicio, vulnera principios constitucionales.  Además en la práctica ha servido precisamente para tener una militancia activa en defensa de algunos supuestos Derechos Humanos, ignorando a su vez, esos mismos Derechos para otros sectores de la población. Transformándose entonces la defensa de los Derechos Humanos, en una militancia política sesgada, que no podemos compartir desde una institución de carácter público”. Y agregó:

 “La ley 18446 le otorga al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no deja de ser dependiente del Poder Legislativo, el conocer e investigar presuntas violaciones a los Derechos Humanos a petición de parte o de oficio, de acuerdo al procedimiento que se establece en la presente ley. La investigación de violaciones a los Derechos Humanos, la investigación a las violaciones del Derecho, es un monopolio que la Constitución le ha dado al Poder Judicial, y alguna medida, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.

“Tenemos un Poder Judicial independiente. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con los fallos del Poder Judicial, pero tenemos que reconocer que en nuestro país actúa con la más absoluta independencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo”. Y enfatizó:

“Nada está garantizado cuando se le atribuye esta función de indagación, a una Institución de Derechos Humanos, ajena al Poder Judicial. Lo que nos atañe por otro lado, es que las personas denunciadas o involucradas en la denuncia, no podrán defenderse y aportar pruebas en su descargo, solamente cuando el Consejo Directivo de la Institución, lo estime pertinente. Éste es un agravio inconmensurable, inaceptable, reñido con los más elementales principios del Derecho a las normas del debido proceso”. Y agregó: “De acuerdo a la normativa se establece una absoluta indemnidad para aquellas personas que aporten pruebas falsas o que mientan, o que realizan denuncias mendaces. Todo lo cual supone un fomento de la denuncia falsa”. Y expresó:

“Esta normativa debe ser rápidamente derogada, precisamente en respeto de los Derechos Humanos. No podemos menos que señalar además que en la práctica, esta Institución se ha caracterizado por ser el refugio de personas que fracasaron políticamente, o bien tienen actuaciones que desde el punto de vista  de los Derechos Humanos son absolutamente intrascendentes. Se trata de un destino político muy bien remunerado y una dilapidación de recursos públicos.” Para finalizar dijo:

“Esta institución se ha caracterizado por una defensa sesgada de los Derechos Humanos, limitándose investigar denuncias relativas a violaciones de los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura militar. Pero no conocemos que haya desarrollado ninguna actividad dirigida a comprobar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas previas a esta dictadura, por grupos terroristas que pretendieron cambiar la forma democrática de gobierno mediante la violencia, y asolaron al país con homicidios, secuestros, rapiñas, y otros relatos de similares importancia que también constituyen delitos de lesa humanidad. Consagrados por el estatuto de Roma que establece claramente dos cosas que se han ignorado. La primera que no es de aplicación retroactiva, sin embargo se le aplicado retroactivamente. Segundo que constituyen violaciones a los Derechos Humanos delitos de lesa humanidad tanto los cometidos por agentes del Estado, como los cometidos por particulares como ha sucedido en la historia de nuestro país”.

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