En la audición de este viernes por AM 970 Radio Universal, el Senador Guillermo Domenech se refirió a una reunión informativa con el Movimiento Un Solo Uruguay, al respecto del proyecto de ley de Reestructura de Deuda de Personas Físicas, y dijo:
“Este proyecto ha sido objeto de tratamiento en la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes y actualmente en la Comisión de Constitución del Senado de la República. Éste es un procedimiento que pretende innovar en materia de deudas en un país en el que tal como lo ha reconocido el propio Presidente del Banco Central, existen aproximadamente un millón de personas que están con inscripciones en el clearing, y hay 633 mil personas que se les considera deudores incobrables”. Y continuó: “El estímulo al consumo y particularmente la política de estímulo de créditos al consumo, han determinado que pulularan una enorme cantidad de financieras y de prestamistas privados, que han hecho suculentos negocios al tenor de una legislación muy permisiva aprobada durante el gobierno del FA, que permite cobro de intereses que en cualquier lugar del mundo serían considerados usurarios. En Uruguay, donde la inflación no ha llegado desde hace muchísimos años a más del 10 % anual, se pueden cobrar intereses que en algún momento han trepado hasta un 160/170 %. Esto significa ganancias exorbitantes a costa de la necesidad de los consumidores que muchas veces de forma ingenua, yo diría como incautos caen en esa propaganda que le dicen que la primera cuota es gratis, que los intereses son módicos cuando realmente los intereses son realmente exorbitantes”. Y agregó:
“Durante el gobierno del FA se promovieron los préstamos al consumo, hasta por el propio Banco República, porque ésta constituía una de sus fuentes de ingresos más importante. A estas tasas que incluso en el caso del Banco República eran altísimas, y generaban ganancias exorbitantes a los prestamistas”. Y expresó:
“Asombrosamente se mantiene en silencio esta problemática que está afectando a cientos y cientos de hogares de nuestras clases medias y de nuestras clases menos favorecidas. El sentido de Cabildo Abierto es de atender en alguna medida la posibilidad de la restructuración de estas deudas en aquellos casos de personas que sean deudores de buena fe, que no sean titulares de bienes inmuebles con un valor superior a un bien de familia, y cuyos ingresos anuales sean menores o iguales a la suma de 120 mil. Hoy la ley prevé un procedimiento administrativo a cargo del área del consumidor, donde se pueden pactar convenios de pago que no afecten en más de un 30 % los ingresos de los deudores. Si llegara a fracasar esta instancia, queda la posibilidad de una instancia judicial en la que incluso se puede volver a intentar la conciliación. En el peor de los casos la justicia tiene la posibilidad de aprobar lo que llamamos un acuerdo judicial forzoso si el deudor y los acreedores no llegan a un acuerdo. El juez puede imponer este acuerdo que será obligatorio para las partes y la propuesta de pago no podrá ser inferior al pago del 40% de la deuda y las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos mensuales del deudor”. Para finalizar Domenech enfatizó:
“Estamos dispuestos a negociar con los restantes partidos políticos a efectos de obtener de una vez por todas una solución para los deudores de menores recursos que estén excesivamente endeudados, y que alguna forma sufran la capitis diminutio de no poder acceder a nuevos créditos en virtud de la situación financiera que se encuentran. Cabildo Abierto está preocupado por los problemas reales de la gente sencilla, que son los problemas reales de la mayor parte de los orientales”.
