En su audición de este jueves por AM 770 Radio Oriental, el Senador Guillermo Domenech se refirió a las críticas recibidas sobre la afectación jurídica del país al aprobarse algunas medidas que propone Cabildo Abierto, y dijo:
“En el Senado de la República se ha aprobado una solución para los deudores del BHU y de la ANV, que acompañamos con nuestro voto porque esta solución va en la línea que hemos propuesto de intentar resolver los problemas financieros de la gente no generados en su impericia ni en su falta de diligencia, sino en la existencia de un sistema de contratación que en realidad ha servido para expoliar a la gente”.
Y continuó: “En este proyecto votado por unanimidad se generan soluciones de reestructuración de deudas, se establece el monto total consolidado de la deuda a reestructurar, se establecen beneficios de extinción de la deuda correspondientes al saldo de préstamos y colgamentos, beneficios en la tasa correspondiente a la cuota aparte de los colgamentos, etc”.
Y agregó: “Nos alegramos de que este sector de deudores de una institución que en su momento fuera prestigiosa porque permitió a la clase media de nuestro país acceder a la vivienda y cumplir con el sueño de la casa propia. Un sueño que hoy muchos han abandonado debido a la mala administración de la misma en gobiernos inmediatamente posteriores a la restauración democrática. Esta institución vio absolutamente distorsionado su funcionamiento y en lugar de tratarse de una institución que beneficiara a la población, se transformó en una especie de instrumentos de tortura de los deudores que veían que pagaban pero su deuda en lugar de amortizarse y disminuir, se agrandaba y se agrandaba, por mecanismos de reajuste de las cuotas que determinaron en algún momento que se aplazaran esos aumentos, transformándolos en lo que se ha denominado colgamentos y generando así una deuda impagable y eterna, transformándose en una especie de tortura interminable”.
Y expresó: “Esto es lo que pretendemos para ese millón de deudores muchos de los cuales han sido declarados incobrables por el propio BCU. Entonces es falso que se diga que una solución para estos deudores que supone poder cancelar sus obligaciones, supone poner en tela de juicio la seguridad jurídica porque los pactos deben ser cumplidos. Claro que los pactos deben ser cumplidos, pero mientras se den las mismas condiciones. En Uruguay se han dado múltiples circunstancias que permiten decir que no se han dado las mismas condiciones que se tuvieron en cuenta cuando se pactó la deuda, y por tanto se justifica que a través de esta consulta popular nosotros le pidamos al pueblo que decida, primero si no debe existir un límite máximo de interés, que nosotros hemos puesto en un 30% anual sobre cualquier deuda calculada en UI, límite que puede ser modificado por una ley aprobado por dos tercios de cada Cámara. Y que además les demos a nuestros compatriotas que ya están endeudados al 18 de julio del corriente año, la posibilidad de cancelar sus obligaciones transformando el monto originario de la misma a UI y aplicarle un 4% de interés anual sobre UI”.
Y enfatizó: “Esta solución no hace sino reconocer que han cambiado las circunstancias que viven los deudores y que la deuda tiene que de alguna forma reconstruir una situación de reciprocidad en los cambios, de equilibrio en las prestaciones que se ha perdido por imperio de una ley votada durante el primer gobierno del FA que ha permitido a las financieras cobrar tasas de interés absolutamente desusadas”.
Para finalizar Domenech dijo:
“Es de justicia aprobar normas que permitan ponerle un freno a estos intereses que constituyen una verdadera expoliación de nuestras clases medias y además darle a estas y a los menos favorecidos de nuestra sociedad la oportunidad de pagar, pero pagar una deuda justa, una deuda que suponga reconocer una verdadera reciprocidad en los cambios”.
