En la audición de este jueves por AM 770 Radio Oriental, el Senador Guillermo Domenech se refirió a los últimos días de la campaña de recolección de firmas y dijo:
“La propuesta contra la usura y por una deuda justa es una propuesta social que Cabildo Abierto ha levantado para resolver un problema que aqueja a un millón de uruguayos que han sido objeto de préstamos usurarios, pero que en Uruguay son legales por imperio de la ley 18212 aprobada por el FA en el año 2007”.
Y continuó: “Uruguay tiene que corregir dos situaciones, las tasas máximas de interés y la refinanciación de esos adeudos estipulados en condiciones absolutamente desiguales, donde no ha mediado ningún tipo de reciprocidad en las prestaciones recibidas y se ha abusado de la facultad de fijar intereses prácticamente unilateral de los prestamistas, dando lugar a prácticas absolutamente abusivas que deberían ser consideradas usuarias pero que debido a una legislación equivocada tienen toda la legitimidad de la ley”.
Y agregó: “Cabildo Abierto desde los comienzos de esta legislatura vio el problema, presentó proyectos de ley que en algún caso tuvieron andamiento a nivel de las comisiones parlamentarias, y fueron rechazados en el plenario de senadores por razones que no queremos calificar pero que demuestran una insensibilidad del sistema político frente a un grave problema que aqueja a las clases menos favorecidas de nuestra sociedad, que recurren a la financiación de sus gastos de alojamiento, a sus consumos más elementales, a financiar incluso su alimentación y el pago de esos servicios esenciales como el agua y la luz con préstamos que muchas veces obtienen a altísimas tasas de interés. Ese problema no ha tenido quien lo denuncie, y mucho menos ha tenido un sistema político sensible que aporte soluciones y le permita a ese millón y pico resolver ese problema, yo diría endémico”.
Y expresó: “Es imprescindible que se legisle en la materia y frente a la indiferencia del sistema político, Cabildo Abierto ha tenido que recurrir a un mecanismo de reforma constitucional para poder darle a los compatriotas la posibilidad de afrontar ese problema. Todos debemos coadyuvar para resolver una situación de injusticia que afecta precisamente a las familias y a los compatriotas menos favorecidos de nuestra sociedad. No estamos apoyando un perdón a tutti, estamos apoyando a aquellas personas que al 18 de julio del año pasado debían menos de 200 mil UI transformada su deuda originaria a esa moneda artificial. Cumplirán su obligación con un interés razonable de una tasa efectiva anual del 4%. Pero además hay que ponerle coto a esta cacería que el sistema financiero ha hecho en algunos casos con las personas de menos recursos, y hay que ponerle límite a los intereses. Por eso también proponemos que ese interés máximo en cualquier obligación convertida a unidades indexadas sea de un 30%. Y si las circunstancias económicas del país exigieran un cambio en la tasa de interés, el poder legislativo podrá hacerlo por ley que sea aprobada por dos tercios de cada cámara”.
