En su audición de este martes por AM 770 Radio Oriental, el Senador Guido Manini Ríos se refirió al nuevo proyecto de ley de deudores presentado ayer por CA y dijo:
“Este proyecto luego de haber sido aprobado en Comisión, no tuvo los votos para ser aprobados en el Plenario del Senado y volvió a Comisión para mejorarlo. Ayer presentamos el nuevo proyecto que tiene algunas novedades. En este país están endeudadas un millón de personas según el Clearing, de las cuales las dos terceras partes según el Presidente del Banco Central son considerados deudores irrecuperables. El sistema político tiene su cuota de responsabilidad porque ha apoyado la ley 18,212 del año 2007, una ley de Astori, avalada por Bergara y otros de los más connotados dirigentes frentistas, que permite a los financistas y prestamistas, prestar a intereses que llegaron en algún momento a estar cerca del 200%”.
Y continuó: “El proyecto que presentamos ayer pretende reestructurar el pasivo de las personas físicas instrumentando un procedimiento que tiene una primera etapa administrativa, tratando de lograr el acuerdo entre deudores y acreedores. De no haber acuerdo se da paso a una instancia judicial en la que sobre la base de ciertos parámetros que se establecen en el propio proyecto, determina lo que denominamos la deuda justa, es decir lo que realmente debe el deudor”.
Y agregó: “Otro punto importante, es que fija los límites de intereses a cobrar de acuerdo a lo que establece el artículo 52 de nuestra Constitución, que prohíbe la usura. Esta ley o habilitación a cobrar intereses desmedidos, fue llevando a la gente a que cada vez estuviera más lejos de poder cumplir con sus obligaciones”.
Y enfatizó: “Nos hemos preguntado más de una vez qué pasa con los defensores de los trabajadores que dependen de un sueldo y cobran ya con el descuento hecho de las de las deudas que asumieron. La central sindical que tiene la fuerza, y lo ha demostrado una y otra vez, de paralizar el país en señal de protesta cuando entiende que hay un una violación a los derechos de los trabajadores. En todos estos años nunca tuvo la preocupación de defender a los trabajadores de estos intereses de usura”.
Y expresó: “Hemos establecido en este proyecto que están legitimados para actuar en los procesos que menciona la ley, aquellos que no tengan un activo inmobiliario mayor a un valor de un millón 600 mil UI, aproximadamente US$ 200 mil, y que ese activo no sea su vivienda personal. O que tengan un vehículo cuyo costo no supere los US$20 mil. Y que no perciban ingresos anuales líquidos de 240 mil UI, aproximadamente $115 mil mensuales. Por encima de esos montos no están comprendidos en la ley que estamos tratando. La deuda justa se define como el capital inicial prestado, a la cual se la transforma en UI de manera de tener una actualización a un valor constante hasta hoy, y a esas UI se le agrega un 2% anual por concepto de intereses, multas, recargos, moras, etc. A ese resultado se le quita lo que efectivamente haya pagado el deudor. Muchísimos uruguayos accediendo a la deuda justa como posibilidad de saldar su deuda van a poder volver al sistema financiero y recuperar esa vida civil que hoy tienen perdida. El proyecto también establece los límites de interés a cobrar en el futuro para que no se vuelva a dar esta misma situación. Establecemos que el interés máximo a cobrar hoy por las distintas entidades prestamistas, no puede superar por todo concepto si es en moneda nacional cuatro veces la tasa a la que Uruguay se endeuda, y si es en moneda extranjera tres veces la tasa a la que Uruguay se endeuda”.
Para finalizar dijo Manini: “Esperamos respuesta de los demás partidos y poder llegar a un consenso para que haya una ley que el sistema político da, signifique solución para tantos miles de uruguayos. De no haber respuesta favorable a este proyecto de ley que aclaramos puede ser mejorable en algún aspecto, recorreremos como lo hemos dicho desde finales del año pasado, los caminos que sean necesarios, y que sea el pueblo en las urnas el que en definitiva decida si realmente quiere establecer los cambios necesarios para de una vez por todas atender una realidad que para CA resulta escandalosa”.
